Analista en organización judicial y derechos de los ciudadanos

El ejercicio de la potestad jurisdiccional del estado requiere
particularmente una estructura; el legislador satisface esta necesidad
creando los órganos del Poder judicial del estado. El 28 de mayo de
2001 se firmó el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Una de
las prioridades de este pacto fue la elaboración de una Carta de
Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que se aprobó en el
Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002. La finalidad de esta
Carta es doble: Por un lado, conseguir una Administración de Justicia
moderna y abierta, que sea responsable ante los ciudadanos y
ciudadanas, a quienes se dé la posibilidad de formular sus quejas y
sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en su caso,
las reparaciones a que hubiere lugar. Por otro lado, prestar especial
atención a aquellas personas que se encuentran más desprotegidas:
víctimas de la violencia doméstica, menores de edad, personas con
discapacidad o inmigrantes.
Además, esta Carta sienta las bases para que la ciudadanía pueda
exigir sus derechos también frente a Abogados/as y
Procuradores/as: una conducta deontológicamente correcta; una
información clara sobre el coste aproximado de su intervención
profesional, o un asesoramiento gratuito de calidad cuando la persona
tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita.
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia vincula a
todas las personas que trabajan al servicio de la Administración de
Justicia.

A través de diversos temas, se abordarán capítulos tales como la
incidencia de la Carta en las funciones de los profesionales del derecho,
la visión internacional de los derechos del ciudadano, o la traslación de la
Carta al ordenamiento jurídico así como profundizaremos y
examinaremos la organización y competencia judicial.
Entre otros objetivos, el curso persigue que el ciudadano sepa en todo
momento en qué situación se encuentra su proceso judicial y que las
notific